Por Sbasgomez
Volví a leer el Espectador después de mucho tiempo de no hacerlo, y al remitirme al recuadro de “Lo más” en noticias me encontré en lugares de privilegio con esta frase del presidente de la República:
«Puede que nos estemos demorando más de lo que muchos pensaban, pero es que esta política necesita un ratico más largo porque la violencia que la antecedió duró 60 años»
Álvaro Uribe Vélez.
Además de mostrar la seguridad con la que ahora habla nuestro mandatario de su posible re-reelección, despertó en mí ciertos miedos que veía improbables.
Sin embargo, seguí explorando la ahora comúnmente turbulenta actualidad política de nuestra nación y encontré en la misma página una entrevista realizada por Cecilia Orozco al ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra. El diálogo, en resumidas cuentas, giró alrededor de la inconstitucionalidad del trámite del referendo reeleccionista, pero, entre las preguntas que respondió Beltrán Sierra, me gustaría destacar una en especial:
C.O.T.- Supongo que en su demanda, ustedes mencionan el cambio, en el Senado, de la frase que firmaron los ciudadanos que querían adherir a la campaña ¿Ese cambio es inconstitucional, ilegal o no tiene problema jurídico?
A.B.S-“Ése es, a nuestro juicio, una de las razones principales de la inconstitucionalidad del trámite. (…)”
“Inconstitucionalidad…”
Entonces, ¿sería correcta la presentación del presidente Uribe como candidato para las próximas elecciones?
Pues bien, a modo de introducción, se puede empezar por el escándalo que se desató por aquellas cuentas extrañas que presentó Luis Guillermo Giraldo, en las cuales se precisó un monto de cerca de dos mil (2.000) millones de pesos para la recolección de las firmas, y teniendo en cuenta que el apoyo de entidades privadas a este tipo de causa no debe sobrepasar los trescientos setenta y ocho (378) millones de pesos [nótese en primera instancia la diferencia entre los dos montos], el referendo estaría infringiendo la primera ley en su carrera por la legalidad, pero, lastimosamente, no sería la única.
El segundo punto en discusión, y a mi parecer el más importante, es la violación de dos principios constitucionales, en palabras de Alfredo Beltrán, el principio de identidad y el principio de consecutividad del proyecto.
¿Qué es eso? Pues bien, se conoció que el texto que firmaron los colombianos en el referendo fue: “quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido para otro periodo”, pero ante la contradicción que supone la expresión “que haya ejercido” con respecto a los periodos cumplidos por el primer mandatario actualmente, y por lo tanto la viabilidad de su presentación como candidato a las próximas elecciones, teniendo en cuenta el texto firmado por los votantes, los partidarios del referendo se vieron obligados a modificar la frase, [ahora, con una esencia diferente], cambiando la palabra “ejercido” por la palabra “elegido” , violando la identidad del documento inicial.
[Para la aprobación de dicho cambio se incurrieron en otra serie de faltas relacionadas en esta ocasión con la “Consecutividad” del proyecto.]
Como se puede apreciar, en el gobierno de nuestro Presidente Uribe, se ha modificado, violado y hasta pasado por alto las disposiciones de la Carta del 91, hecho bastante grave desde cualquier punto de donde se tome, y si no se toman en cuenta las leyes establecidas para regir la nación, ¿a dónde nos dirigimos? ¿dictadura?, perturba el silencio el eco de esa posibilidad, pero por ahora me remitiré a la realidad, ya habrá tiempo de especular.
Entonces, para finalizar, me surge una inquietud, ¿vamos a re-reelegir a un presidente, rodeado de anormalidades en cada uno de sus procesos, para que comande los destinos esta nación ya perjudicada por la corrupción?
La corte constitucional tiene la última palabra sobre este aspecto, y en cierto modo
“Se espera que honre el principio de imparcialidad y el mandato legal y constitucional de independencia que se le imponen en el ejercicio de sus funciones.”
Alfonso Beltrán Sierra.
Censurados: Cero 
AndresD
octubre 6, 2009
Creo que a lo que se refiere en su primer punto, no es un acto incostitucional.
Entendiendose incostitucional como aquella parte de una nueva disposición normativa, que atente contra alguna los principios ya consagrados en la norma fundamental de su pais de origen.
Ese abismo que hay entre las cantidades de dinero sera solo una simple, trampa maraña, chanchullo, artificio o una corruptela mas de nuestro querido presidente «alvaraco»; que por mas torcida que sea, no puede caer sobre este un juicio de constitucionalidad, sino un juicio de legalidad sobre el acto como tal. y no sobre si una disposicion atenta o no contra los principios basicos de la constitucion, que si seria incostitucional, asi como deberia caer los juicios de actos como las zonas francas, los falsos positivos las chuzadas del das, de los que debera rendir cuentas y saldra impune como hasta el dia de hoy, pero eso es arena de otro costal.
jkrincon
octubre 6, 2009
Hola AndresD,
A pesar de que lo que dices es verdad, debo decirte que si podría considerarse un acto fraudulento -como el mencionado en el artículo- como inconstitucional. Todo nuestro sistema se desprende de la Constitución, en la cual están consagrados principios básicos como el de la equidad y el debido proceso: ambos violados con lo expuesto por el escritor.
Por esto, es un acto inconstitucional, además de ser la fraudulenta aberración que tu describes.
AndresD
octubre 8, 2009
Es cierto y tienes mucha razon; nuestro sistema juridico politico tiene sus bases en la norma fundamental; pero el hecho es Ilegal, actual contra la ley; cuando se habla de que la norma va contra la constitución es que podemos hablar de incostitucionalidad de la norma, no de un acto, por esto, La norma es anticonstitucional, el proceso para lograr su aprobrobacion es un acto ilegal.
un acto no atenta la constitucion, se la pasa por encima o vulgarmente por la galleta; hace caso omiso de ella, y por eso es ilegal.
jkrincon
octubre 9, 2009
Sí, pero recuerda que la acción de tutela fue creada para demandar determinados actos que violen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En este caso, estan violando el derecho a la igualdad, al trato justo y al empleo de la buena fé de muchas personas que podrían demandar la constitucionalidad del acto.
Carialva
octubre 5, 2009
Bueno, la cuestión está en hacerle entender eso a nuestros ciudadanos. A veces tanta manipulación de los medios de comunicación no permite que el juicio crítico del pueblo se desarrolle. Y el problema es que estamos dejando que el futuro de nuestro país se quede a la deriva; permitimos que continúe un ciclo de, como bien lo dice Sebastián, inconstitucionalidad. ¿Cómo hacer para que las cosas, tan bien tapadas, surjan a la luz a tiempo?