Guerra de plata e ideología

Posted on marzo 28, 2012 por

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Por Alejandro Yáñez

El Estado miente. Así lo sentenció Sabino, reconocido historiador Guatemalteco y férreo defensor de la ideología Neoliberal. En Colombia, muchos economistas usan las mismas palabras para atacar el protagonismo de la Constitución de 1991 y de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional. Usando el pragmatismo y las matemáticas como estandarte, critican que se eleven a rango de fundamentales derechos como el de la salud. Su conclusión: un Estado sin recursos, sin planeación y con mil necesidades a sus espaldas, no se puede dar el lujo de prometer a sus ciudadanos lo que no tiene.

Este postulado sostiene que la única manera de avanzar como país es reconocer los limitantes económicos. Como “los recursos son pocos y hay que distribuirlos”, la priorización de necesidades es la piedra angular que debe soportar las decisiones del Estado. Eso se traduce en que, si el Estado no tiene recursos para cubrir un derecho como la salud, no tiene sentido que se le eleve a la categoría de fundamental. Hacerlo sólo crea un derecho en el papel carente de una verdadera aplicación.

Los abogados, especialmente los Constitucionalistas de vanguardia, defienden un Estado Social de derecho ampliamente garantista y protector. Al hablar de los derechos fundamentales, descartan -por carente de sentido- cualquier discusión que ponga en tela de juicio su protección por falta de presupuesto. Eso es, argumentan, una cuestión que le compete al ejecutivo y, en especial, al Ministerio de Hacienda. El Gobierno debe buscar los recursos para poder llevar a cabo los mandatos de la ley.

A lo anterior hay que añadir la acción de tutela diseñada para proteger a cualquier ciudadano frente a cualquier violación o puesta en peligro de un derecho fundamental. Este recurso ha ocasionado que el Estado deba hacer millonarios pagos no presupuestados, como lo que ha sucedido con los sistemas de salud y pensiones.

Bajo este panorama, es acertado pensar, como los alemanes, que las peores cosas de una guerra -incluso ideológica- se generan después de ésta. En Colombia, esta lucha irreconciliable entre economistas y abogados ha causado un incumplimiento reiterado de los derechos constitucionales y ha dejado la credibilidad de las instituciones del país por el suelo. Además, nos ha regalado miles de textos hermosos carentes de una verdadera solución. Por citar, entre muchos, algunos ejemplos: la sentencia de los desplazados, la remendada ley 100, el colapsado sistema de pensiones y, próximamente, la ley de víctimas.

Debemos reflexionar sobre la necesidad de crear un ambiente en el que se pueda incluir, más activamente, el pensamiento económico al momento de crear las leyes en el país, tanto en el Congreso como en la misma Corte Constitucional. Abogados y economistas deben ceder en sus posiciones y trabajar por un debate saludable que nutra las decisiones que, en materia de protección de derechos, debe tomar el Estado.

Fotografía: (cc)Malinkrop

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Posted in: Opinión, Política