Sabiduría penal indígena

Posted on marzo 13, 2012 por

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Por Alejandro Yáñez

Cuando un indígena mata a otro, en Guatemala, es castigado con la obligación de mantener a la familia del difunto. Para los indígenas, que el asesino termine en la cárcel es superfluo. Por una parte, no le brinda nada a las víctimas que se ven perjudicadas económicamente al tener una fuente menos de ingresos. Además, esa persona presa ya no podrá trabajar ni sostener su propia familia. Mantenerlo en la cárcel, como si fuese poco, representa un costo altísimo para el Estado. Su solución es la más práctica.

Guatemala cuenta con una de las poblaciones indígenas más grandes del mundo. Hay, casi, tantos indígenas allá como personas viviendo en Bogotá. Son 7 millones descendientes de los mayas, es decir, un 56% de la población total del país. Hace poco tuve la oportunidad de visitar aquella nación centroamericana y un encuentro con el juez de paz de Chichicastenango me dejó estupefacto. En un ambiente algo exótico y caluroso, el jurista habló de la relación entre las penas existentes en el Derecho Penal Guatemalteco y el Derecho consuetudinario (es decir, basado en tradiciones) indígena. Comenzó explicando la enorme influencia que tienen las costumbres entre las comunidades indígenas. Ahí surge el primer gran problema jurídico: ¿cómo controlar, a través de un derecho penal de corte netamente occidental, a una población tan grande y completamente influenciada con las costumbres propias de sus pueblos?

Mientras esta pregunta revoloteaba en mi mente salió a flote lo peor del ser humano: el etnocentrismo. “¿Estamos dudando…” recuerdo haber pensado, “si debemos utilizar el derecho indígena, completamente bárbaro y consistente en azotar o apedrear a una persona cuando comete un delito –esa era mi imagen sobre los indígenas-, en vez de aplicar un moderno derecho penal, basado en fines resocializadores y en penas que busquen la prevención general? No me hagan reír”.

No se preocupen, mientras la conversación avanzaba un baldado de agua fría me caería en la cabeza. El juez comentó que, para los indígenas, el derecho penal tenía un carácter resarcitorio, nunca punitivo ni “resocializador”. ¿La razón? Simple lógica, respuesta a los problemas más difíciles de la humanidad. Un caso de homicidio de un hombre en nuestro derecho penal y en el de Guatemala se castiga con una pena privativa de la libertad. En el derecho indígena, se castiga al “asesino” -término que no existe en lengua indígena- cómo les conté al principio de este artículo. ¿Qué es más lógico?

El batazo a mi soberbia ideológica se agravó cuando escuché la solución que proponían a los casos de hurto. El ladrón debía devolver la cosa y someterse a trabajo social frente a toda la comunidad. No necesitan cárceles por tener un sistema de sanciones basadas en el trabajo social y el resarcimiento. Éstas comienzan desde la familia y van formando una conciencia social. La congestión, el asinamiento, los motines y demás, son palabras que no se conjugan en esta lengua. Estas sanciones, sin embargo, en Colombia serían una violación a la dignidad humana y a otros derechos humanos –sí, humanos, la misma raza de los indígenas que no sienten vulnerados sus derechos al aplicarlas.

No pretendo demeritar el progreso de nuestra doctrina penal a lo largo de la historia. Sin embargo, con toda la problemática que afronta nuestro sistema penitenciario, ¿no es hora de virar y trazar un rumbo destinado más a la practicidad y la simpleza? A los indígenas les ha funcionado.

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